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Las deudas pendientes con las mujeres

En el Día Internacional de la Mujer repasamos qué cosas faltan para lograr la equidad
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Hace más de cuatro décadas las Naciones Unidas declaró el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
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La lucha de las mujeres por alcanzar la equidad sigue hoy tan latente como hace más de cuatro décadas cuando las Naciones Unidas declaró el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Las diversas manifestaciones de mujeres alrededor del mundo durante la década del setenta, exigiendo, entre otras cosas, mejores condiciones de trabajo, seguridad y equidad de género, pesó al momento de esta declaración, que tiene como fin que se hagan valer los derechos de todas las mujeres.

Por eso, la mejor manera de honrarnos o “celebrarnos” es visibilizando las luchas de las mujeres y reconociendo las deudas que tienen los países con nosotras en cuanto a seguridad, salud, derechos laborales y educación. Aunque se ha avanzado en algunos temas, gracias a las luchas de grupos feministas alrededor del mundo, todavía queda un largo tramo por recorrer.

En Puerto Rico, se logró un gran avance durante la década del ochenta, cuando en 1989 se aprobó la Ley de Prevención e Intervención contra la Violencia Doméstica, mejor conocida como Ley 54. Este estatuto se logró con la lucha de las feministas del país y con el respaldo absoluto de la fenecida legisladora Velda González, quien batalló en la Legislatura hasta conseguir la aprobación de esta ley de vanguardia que ha servido de modelo a otros países latinoamericanos y del mundo.

Aunque la Ley 54 ayudó a transformar las mentalidades de las nuevas generaciones en cuanto a la violencia de género, el camino sigue siendo escabroso. Los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas, exparejas o desconocidos, sigue siendo una realidad alarmante en un país que parece retroceder en cuanto a los derechos de las mujeres.

Según el informe “La persistencia de la indolencia: feminicidios en Puerto Rico 2014-2018”, que presentaron en noviembre del año pasado las organizaciones Proyecto Matria y Kilómetro Cero, en Puerto Rico ocurre un feminicidio cada siete días, lo que equivale a una tasa promedio de tres feminicidios por cada 100,000 mujeres. Por esta y otras razones, diversos grupos feministas del país han exigido al gobierno que declare un estado de emergencia, lo que no ha pasado.

Seguridad

Jennifer Berríos, directora ejecutiva de Casa Pensamiento del Centro en Aibonito y quien pertenece a la Coalición de la Coordinadora Paz para la Mujer, dijo que en la actualidad las mujeres no se sienten seguras porque “han perdido la confianza en el sistema de justicia” y en aquellas instituciones gubernamentales que están llamadas a protegerlas.

Destacó que, aunque la Ley 54 cuenta con garras, esta no está siendo implementada efectivamente. Mencionó, por ejemplo, que no se siguen los protocolos al momento del diligenciamiento de las órdenes de protección, que los policías no están adiestrados para trabajar con víctimas de violencia doméstica y que no existe un sistema de vigilancia para monitorear a los agresores que llevan grillete. Indicó, además, que muchos patronos desconocen el protocolo a seguir en caso de que una empleada sea víctima de violencia doméstica.

Otro problema que observa es que la mayoría de las compañías que proveen programas de desvío para los agresores no están siendo supervisadas y no cumplen con el debido proceso de evaluación para su proceso de licenciamiento, lo que pone en peligro a las sobrevivientes. “Hemos tenido casos de mujeres que trabajan, por ejemplo, en una alcaldía y ponen al agresor a trabajar pintando la misma alcaldía”, denunció.

“Algo que tampoco está siendo beneficioso para las víctimas de violencia doméstica es que se tienen los hechos, las pruebas y la evidencia, y lo que se le otorga es una orden de protección por un mes. Orden que en ocasiones se vence sin ellas siquiera saberlo, ya que las citaciones no llegan a tiempo y se da la vista de seguimiento sin que la víctima lo sepa”, agregó.

Dijo que la situación es aún peor para las mujeres pobres que viven en áreas rurales, ya que no cuentan -fuera de los cuarteles- con centros de servicios donde puedan buscar ayuda y tampoco tienen un sistema de transportación pública que las lleve a un tribunal para solicitar una orden de protección. Lamentó que la Oficina de la Procuradora de las Mujeres no haya sido efectiva en su rol de agente fiscalizador, ya que es la única entidad gubernamental con la que cuentan las mujeres para denunciar estas fallas del sistema.

En cuanto a las agresiones sexuales, sostuvo que no ha escuchado ni de un solo caso que se haya esclarecido, y que desconoce qué ha pasado con los más de 2,000 “safe kits” que el Negociado de Ciencias Forenses tenía guardado desde el 2006 al 2018 y que estaban pendientes para analizar.

“La seguridad de las mujeres está en el limbo porque se ha perdido la confianza en el sistema. Hacen que el proceso sea tan largo y complejo, con tantos tecnicismos… Y eso tiene sus efectos. En el 2019 se han registrado 14 feminicidios. Son crímenes que pasan frente a nuestras miradas y le damos la intensidad en el momento, pero luego tenemos memoria selectiva y nos olvidamos. No se están haciendo valer nuestros derechos”, precisó.

Berríos reconoció que, aunque ha habido algunos esfuerzos como la creación de salas especializadas de violencia doméstica, “falta mucho por hacer en cuanto a la seguridad de las mujeres”. Por eso es vital el trabajo de organizaciones, como las que agrupa Coordinadora Paz para la Mujer, y que incluyen albergues de emergencia, organizaciones de servicios, feministas y activistas de derechos humanos, que trabajan incansablemente por la paz y la seguridad de las mujeres.

Es urgente, además, comenzar a educar con perspectiva de género para romper con la narrativa patriarcal que refuerza la desigualdad por razón de género. Algo tan sencillo como visibilizar la aportación de las mujeres en la historia y enseñar que determinada profesión o deporte lo mismo lo pueden hacer los niños que las niñas, es un gran avance para lograr la equidad. “Si en Puerto Rico se enseñara más sobre perspectiva de género hubiera más equidad y los hombres fueran menos violentos. Además, se eliminaría esa visión de la ‘cosificación’ de las mujeres que las ves como una cosa y no como un ser humano”, sostuvo Berríos.

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(Shutterstock)

Salud

Ese cambio de narrativa es fundamental para Tania Rosario, directora ejecutiva de Taller Salud, organización feminista de base comunitaria que lleva cuatro décadas dedicada, entre otras cosas, a mejorar el acceso de las mujeres a la salud.

Rosario recordó que desde hace dos décadas se viene trabajando para lograr la implementación de un currículo con perspectiva de género en las escuelas del país porque se ha comprobado que esa enseñanza ayuda a prevenir la violencia que proviene de las desigualdades.

“Hablar de equidad, de consentimiento, de relaciones sexuales humanas es empezar a tener unos cimientos para prevenir no solo la violencia sexual, sino la violencia de género, la violencia en el noviazgo, y lograr relaciones saludables”, reiteró en cuanto a lo que busca dicho currículo.

La directora ejecutiva de Taller Salud recordó que en Puerto Rico la violencia sexual que enfrentan las mujeres en todas sus dimensiones a lo largo de su vida alcanza “niveles epidémicos” y que es tan seria como la diabetes o la hipertensión. Sin embargo, no existe una política pública centrada en atajar dicho problema, lo que demuestra “un enorme desdén por la seguridad y la vida de las mujeres en todas sus edades”.

Por el contrario, las mujeres enfrentan constantes amenazas a sus derechos, con la aprobación de leyes que ponen mayores trabas para que puedan decidir sobre sus cuerpos. Esto es una clara muestra del largo trecho que queda en cuanto a la protección de la salud de las mujeres.

Por eso, Rosario enfatizó que una de las deudas principales que tiene el país en esta área, es “garantizar el acceso a la salud y el ejercicio de derecho a la salud a las mujeres. Son deudas viejas de fácil solución que no requieren mucho más que no sea voluntad política para hacerlas cumplir”, dijo.

Destacó que hay varios indicadores de salud que no están siendo atendidos en Puerto Rico como prioridad aun cuando hay estudios científicos que demuestran que deberían serlo. Un ejemplo, es la endometriosis, que se estima afecta a una de cada diez mujeres en edad reproductiva. Dijo que actualmente las pacientes con la reforma de salud del gobierno tienen opciones limitadas para lidiar con la enfermedad, y que es muy poca la orientación o información que se les provee sobre su condición y cómo tratarla.

Otra situación alarmante es la “violencia obstétrica y sistemática de la persona gestante”. Recordó que Puerto Rico tiene el por ciento más alto en cesáreas de todas las jurisdicciones americanas, sin embargo, el estado no considera esta alta incidencia como un problema de salud pública. “El estado tiene la responsabilidad de garantizar que las políticas públicas protejan y amplíen, no que violen o nieguen derechos. Y ese rol estatal está abandonado. Tú no ves ninguna consistencia en el diseño de política pública”, recalcó Rosario, quien dijo que son las mujeres en general, pero sobre todo las más vulnerables, las que terminan pagando las consecuencias de esa falta de acción.

“El estado parece decir que tú no estás capacitada porque alguien siempre tiene que tutelar tus decisiones. Nunca estás completamente adulta, ni ciudadana ni persona para tomar decisiones sobre tu vida y tu cuerpo. Y esa es la gran deuda que tiene el país con nosotras, que podamos ejercer y poner en práctica el ejercicio de decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas”, concluyó.

Derecho laboral

Un área donde también se refleja la gran falta de equidad que existe entre mujeres y hombres es en cuanto a los derechos laborales. Aun cuando las mujeres conforman gran parte de la fuerza laboral del país, todavía se ve gran disparidad en salarios, aumentos y promociones. 

Recientemente, la reportera de televisión Celimar Adames Casalduc demandó a su patrono Televicentro de Puerto Rico, de WAPA TV, por alegado discrimen en el empleo, igualdad salarial y represalia. En la demanda radicada en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, la exmujer ancla de “Noticentro” alega que a sus compañeros varones le pagaban un salario significativamente mayor a pesar de que realizaban trabajo similar al de ella e incluso tenían menor antigüedad.

Para la abogada y líder feminista Josefina Pantoja Oquendo este caso es reflejo de la realidad que viven las mujeres en el país. Según la licenciada, la desigualdad salarial en Puerto Rico sigue siendo una constante sobre todo para las que laboran en empresas privadas, ya que en el gobierno existen algunos mecanismos como las escalas salariales que ayudan a combatir la brecha. Resaltó que en la mayoría de los casos las mujeres descubren esa desigualdad cuando instan una acción legal y comienza el descubrimiento de prueba.

“Es uno de los aspectos más dramáticos que hay y se da en muchísimas de las entidades y de las empresas privadas. Hoy en día es más notable (la disparidad) y más difícil de combatir porque lo que ocurre es que las mujeres al tener la necesidad de trabajar -sobre todo ahora que ha aumentado tanto en Puerto Rico el porciento de mujeres jefas de familia- no todas se someten a esos procesos legales porque temen a perder el trabajo”, resaltó.

Destacó que, aunque la participación laboral de las mujeres se estima en un 45%, esta no corresponde ni a las remuneraciones económicas ni a las condiciones laborales. A esto se suma las recientes políticas, como la reforma laboral, que ha afectado aún más a las mujeres, quienes, para poder sobrevivir, tienen dos y tres trabajos muchas veces sin beneficios marginales y con pagas mínimas. Precisó que la mejor manera para lograr esa equidad salarial es organizándose en sindicatos y organizaciones que “nos permitan juntar fuerzas para ser más efectivos con los patronos”.

Otra área que entiende se debe fortalecer es el derecho a la maternidad, cuya licencia debería aumentar, toda vez que debe aprobarse una licencia de paternidad para “romper un poco con los estereotipos de que la responsabilidad con la criatura les corresponde principalmente a las mujeres”. De igual forma, entiende que el gobierno y las empresas privadas deben tomar mayores acciones afirmativas en cuanto al acoso sexual y laboral en el empleo. “Creo que el gobierno todavía es muy tímido en cuanto a las políticas públicas y las sanciones que tienen que ver con el acoso sexual y laboral”.

Pantoja Oquendo, en tanto, habló de la doble jornada que siguen enfrentando las mujeres, y la necesidad de combatirlo a través de medidas como la creación de centros de desarrollo infantil -que existen en algunas entidades gubernamentales-, o el establecer comedores y lavanderías comunes que propicien un alivio a esa doble carga de trabajo. “Esto es algo que ya está establecido en muchos países (sobre todo fuera de Estados Unidos) que entienden que el mayor apoyo a los trabajadores y trabajadoras trae como consecuencia un rendimiento (mayor). Como todavía nos queda el traje de que nos tocan principalmente las tareas del hogar, mientras otras cosas no logremos, deberíamos por lo menos tener más apoyo para poder enfrentar esas dobles y triples jornadas”, destacó.

Seguridad

  • Declarar un estado de emergencia por violencia de género
  • Enviar un mensaje a la ciudadanía de que la violencia de género es un problema que el país tiene que atender
  • Crear un modelo para investigar las fallas del sistema al atender estos casos y revisar los protocolos y procedimientos
  • Proveer protección a las víctimas
  • Eliminar la impunidad
  • Crear un comité interagencial para monitorear el cumplimiento y acciones concretas conducentes a atender esta emergencia
  • Trabajar con urgencia en el análisis de los safe kits de las víctimas de violencia sexual para lograr la identificación de agresores
  • Desarrollar estrategias para la consolidación y recopilación de las estadísticas sobre violencia de género en Puerto Rico
  • Implantar la perspectiva de género en el currículo escolar

 

Salud

  • Garantizar el ejercicio del derecho a la salud
  • Proveer información/orientación sobre aquellos temas que afectan directamente la salud de las mujeres, como es la endometriosis
  • Atender la alta incidencia de cesáreas en el país como un problema de salud pública
  • Crear y garantizar políticas públicas que protejan y amplíen los derechos de las mujeres
  • Garantizar el derecho de las mujeres para decidir sobre su vida y su cuerpo

Derechos laborales

  • Eliminar la desigualdad salarial
  • Aumentar los días por licencia de maternidad
  • Crear licencias de paternidad
  • Otorgar beneficios marginales
  • Desarrollar acciones afirmativas y de cero impunidad contra el acoso sexual y laboral
  • Desarrollar política pública para reducir/eliminar la doble jornada

*Información provista por las entrevistadas

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